Karla Arrazola/

Tuxtepec, Oax.- El mercado Avante en 24 años enfrentó la asfixia de organizaciones sociales,  corrupción interna y omisión por parte de las administraciones para evitar la confrontación que contribuyó a la inoperancia del inmueble, que en 1998 se construyó con el propósito de activar la economía, y al igual que en la capital del estado, promover espacios de comercialización local. 

Cada administración posterior al trienio de Alfredo Ahuja Pérez (1998-2001) tiene registro de documentos con quejas específicas sobre la problemática interna del mercado, nombres de organizaciones y personas que por intereses propios y de forma ilegal, se apropiaron del espacio público. 

El 13 de julio de 1998 se adquirió el inmueble donde se ubica el mercado Avante, en la avenida 5 de Mayo entre las calles Iturbide y Santos Degollado. El 30 de julio de este año se efectuó el desalojo del mercado, que a través de un operativo permitió la recuperación y resguardo del inmueble.

Tras el desalojo, el presidente municipal Irineo Molina Espinoza, en conferencia informó que la decisión se tomó a partir de las inspecciones que protección civil municipal realizó al inmueble, a petición de la Dirección de Desarrollo Económico, Fomento Turístico y Medio Ambiente, que evidenció las condiciones estructurales y de abandono del lugar.

Más de ocho administraciones transcurrieron para que el gobierno municipal tomará la decisión de resguardar el mercado Avante, que desde su construcción no operó al cien por ciento y pese al interés mostrado por las diferentes autoridades en su momento, por omisión o evitar la confrontación después de analizar la problemática, decidieron no realizar ninguna acción.

Corrupción interna en mercado 

Del 2005 a la fecha las quejas por la situación interna del mercado fueron constantes ante la administración municipal. El 11 de marzo representantes de los reacomodos de la calle Eliseo Jiménez Ruiz, solicitaron a la directora en turno intervenir por el acoso que padecían para ser desalojados, y señalaron como responsable a Germán Felipe Méndez, que se acreditó como representante de los comerciantes ambulantes.

En el documento firmado por 14 vendedores, de acuerdo al dictamen que presentó el área de comercio en la administración actual, se precisan actos de corrupción con la renta, traspaso de locales, mal uso de las instalaciones, desvío de apoyos como láminas, despensas y complicidad por parte de personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que en su momento no actuó ante el reporte de cajones con abejas al interior del inmueble.

Respaldo de gobierno estatal y federal a organizaciones sociales impidió actuar 

En la administración de Salvador Santos Sierra (2005–2007),  locatarios externaron por primera ocasión la problemática interna del mercado, sobre el tema, el exmandatario comentó que cuando llegaron a la administración el mercado solo contaba con dos o tres locales ocupados y  poco a poco las organizaciones sociales se apoderaron de la operatividad.

Santos Sierra aseguró que no se dio continuidad al tema porque traían su propia dinámica de trabajo, y en ese tiempo las organizaciones sociales de apogeo como la UGOCP, contaban con el respaldo del gobierno estatal y federal. “No tenía caso desgastarse porque no había condiciones políticas para desalojar, y tampoco recursos para remodelar”, insistió Santos Sierra.

Control de mercado, negocio de particulares 

En junio de 2008, durante la administración de Gustavo Pacheco Villaseñor,  a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo a cargo de Carolina Fernández Méndez, se intentó establecer la comunicación a partir de una invitación dirigida a los locatarios para una reunión de trabajo pero en respuesta, Germán Felipe Méndez, autonombrándose presidente de locatarios del mercado Avante solicitó a la administración no inmiscuirse en los asunto internos.

En julio del mismo año, algunas personas solicitaron el apoyo de la autoridad municipal para recuperar sus locales porque fueron desalojados. Posteriormente pidieron una reunión para manifestar su inconformidad por la situación en el mercado.

En 2010 se incorporó otro grupo de locatarios, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Tuxtepec, Ángel Galán Velázquez, pidió la constancia de domicilio de 8 personas para darlas de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero en el ayuntamiento no tienen información sobre cómo tomaron posesión de locales en el mercado.

Un año más tarde el conflicto interno se agudizó. El expresidente de la Canaco pidió la intervención municipal por el desalojo de locatarios del mercado, a raíz de intereses de organizaciones, y solicitó una inspección para verificar las condiciones del inmueble y asegurarse si los locales estaban ocupados.

Administración de Sacre Rangel evitó enfrentarse con organizaciones

El exregidor de comercio Agustín Méndez Nolasco, en la administración de Antonio Sacre Rangel (2014-2017), explicó que en el trienio quisieron dar vida al espacio pero se toparon con organizaciones sociales que colocaron obstáculos y el expresidente municipal optó por evitar la confrontación. 

Por parte de la administración contemplaron la construcción de una plaza para reubicar a los ambulantes pero carecían de los recursos necesarios, y la agrupación de locatarios pedía un espacio a modo. El terreno que solicitaron tenía un costo de 30 millones, además de la inversión que se requería para la construcción, y por eso no se logró concretar.

Benjamín Tomas Miguel, exlíder de los ambulantes agremiados a la Unión General Obrero Campesina (UGOCP), en ese momento ostentaba el cargo de regidor de Obras Públicas, motivo por el cual también decidieron no ejercer alguna acción.

Dávila desistió tomar acción ante elefante blanco 

En el primer periodo de Fernando Bautista Dávila (2017-2018), una vez más, los locatarios provenientes de la calle Eliseo Jiménez Ruiz, reubicados en el Avante, solicitaron al exdirector de Desarrollo Económico y Turismo, Dionicio Rendón Barrera, intervenir ante un nuevo desalojo por parte de otro grupo de locatarios.

La administración de Dávila también intentó implementar un proyecto en el mercado Avante, pero después de investigar y conocer la problemática, las autoridades municipales decidieron enfocarse en otro mercado, el Central. 

La exregidora de comercio durante el trienio davilista, Marie Claire Chávez Martínez, aseguró que le tocó dar seguimiento al mercado Avante, que estaba en manos de una organización social y después de varias visitas se dieron cuenta de las condiciones en las que se encontraba por lo que intentaron establecer el diálogo con ellos para poder generar proyectos comercianles, respetando el derecho que tenían de posesión en la búsqueda del diálogo.

“Mercado representaba un riesgo, inoperante al 90 por ciento”: Exregidora de comercio 

El mercado representaba un peligro para las personas que estaban al interior como las personas de alrededor porque algunos locales funcionaban como cocinas con pailas de aceite, taller de motos, electromecánicos y bodegas.

Para la regidora, en algún momento se tuvo que actuar conforme a derecho, y sí procedía el desalojo con el correcto procedimiento administrativo de acuerdo al artículo 115 constitucional que marca la administración. No es solo el mercado sino un bien público y tiene la autonomía y soberanía el gobierno municipal de administrar.

“Ya que se hizo valer la ley, el reglamento no solo municipal sino constitucional esperamos que si haya algún proyecto que se pueda bajar, así como la gestión que se hizo con el mercado central, el Avante pueda ser una oportunidad de inversión, y si se dio el paso, que muchos no lo dieron o no lo dimos, se debe aprovechar la situación y hacer las cosas bien”, puntualizó.

Avante operó en ilegalidad

De acuerdo al dictamen, no existe ningún contrato, recibo o documentación que acredite de manera legal, derechos para ocupar alguno de los locales del mercado Avante.

Información que respalda la exregidora de Comercio Chávez Martínez, porque en su momento, pese a un reglamento activo, los locatarios no pagaban, solo se conocían entre ellos, porque no existía un padrón y caían en ilegalidades.